España es conocida como la tierra del sol y del viento. Con abundantes horas de sol al año y fuertes rachas de viento en muchas regiones, nuestro país cuenta con un potencial renovable extraordinario. A todo esto hay que sumarle, además, una geografía escarpada con numerosos saltos de agua, lo que permite que el país también pueda aprovechar la energía hidráulica. Por ello, España es un paraíso para las energías renovables. Además, también hay que tener en cuenta que España cuenta, al menos por ahora, con una potencia nuclear muy relevante.
Por tanto, no se puede decir que estemos mal posicionados. A esto se suma el talento de ingenieros y empresas capaces de desarrollar proyectos punteros en energías limpias. En teoría, España lo tiene todo para liderar la transición energética en Europa. Una transición que es una auténtica bendición estratégica para el continente, ya que generando y consumiendo su propia energía, su autonomía será mayor, será más competitivo y, además, todo se hará de forma mucho más limpia.
No obstante, si todo esto es cierto, ¿por qué España no es una gran potencia energética? ¿Por qué no ha surgido un “Silicon Valley energético” en España? Pues interés no falta. Muchas grandes empresas consumidoras de electricidad quieren instalarse en España para aprovechar la ventaja de las renovables y han visto en el país una gran oportunidad. Pero hay algo que está alejando a muchas de ellas. ¿Y cuál es el problema? Ahora mismo te lo cuento.
Nuestro motor energético ya está listo. España genera energía abundante y barata, pertenece a la Unión Europea y tiene mano de obra cualificada. Sin embargo, las autopistas por las que debe circular la electricidad, desde los lugares donde se genera hasta donde se consume, no son suficientes. Estas autopistas son lo que llamamos la red de transporte y distribución eléctrica. Aunque, más que autopistas, es mejor pensar en la red eléctrica como el sistema circulatorio del cuerpo humano.
Imaginemos que la red eléctrica son esas arterias, venas y capilares que llevan la sangre —es decir, la electricidad— a todos los rincones del país. Por muy fuerte y sano que esté el corazón —nuestras plantas solares, parques eólicos, centrales hidroeléctricas, nucleares, etc.—, de poco sirve si las arterias están obstruidas.
Pues bien, esto es exactamente lo que ocurre en España. La infraestructura eléctrica no ha crecido ni se ha modernizado al ritmo necesario, de modo que muchas nuevas fábricas o fábricas ya existentes que quieren descarbonizarse mediante electricidad no pueden conectarse a la red.
Los datos recientes ilustran este atasco eléctrico de forma contundente. En 2024, las solicitudes de la industria para conectarse a la red eléctrica sumaron unos 67 GW de potencia, una cifra enorme que refleja el deseo de electrificar procesos productivos y aprovechar energía limpia. Sin embargo, la red solo pudo dar acceso efectivo a unos 6 GW, es decir, aproximadamente el 10 % de lo solicitado. El 90 % restante fue rechazado o quedó en espera.
Simplificándolo mucho, es como si reformas tu casa, compras los mejores electrodomésticos del mundo, pero luego no tienes enchufes. Esto hace que se estén perdiendo inversiones millonarias que podrían generar empleo y riqueza en España.
Llegados a este punto, la pregunta es: ¿por qué la red de transporte y distribución eléctrica española no crece ni se refuerza al ritmo necesario?
La principal razón está en la planificación de la red y en algunas barreras regulatorias. Por ejemplo, la planificación de la red a 2030 lleva un año de retraso.
En cuanto a las barreras regulatorias, la primera es el límite anual de inversión en redes. Para la red de transporte, este se ha fijado en el 0,065 % del PIB, y para la red de distribución, en el 0,13 %. A esto se suma la cuestión de cómo se retribuyen estas inversiones. La retribución está regulada: la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) establece cuánto van a cobrar las redes por un período concreto. Esto ocurre en toda Europa.
Por eso este punto es crucial. En el contexto actual de reducción de dependencia energética, todos los países europeos se están volcando en electrificarse lo más rápido posible, para reducir su dependencia de combustibles fósiles que deben importar, ya que en Europa no los tenemos en cantidad suficiente.
Por este motivo, otros países están ofreciendo incentivos económicos adecuados para atraer las inversiones necesarias en redes. Es decir, están estableciendo una retribución competitiva, en línea con otros países europeos, para que las empresas inviertan en ampliar y reforzar la red.
Construir y mejorar redes —tender líneas, instalar transformadores, etc.— requiere grandes inversiones a largo plazo. Estas inversiones las realizan las empresas eléctricas, distribuidoras regionales y el operador de transporte, Red Eléctrica Española. Pero esto solo es posible si el marco regulatorio les permite recuperar la inversión y obtener una rentabilidad razonable.
Esto es evidente: las empresas no son ONG. Si invierten dinero, quieren obtener beneficios. La red eléctrica es lo que en economía se llama un monopolio natural.
Un monopolio natural es una situación en la que es más eficiente que una sola empresa provea un servicio o infraestructura, como en este caso, para todo el mercado. No tiene sentido construir varias redes independientes; lo más eficiente es tener una sola red eléctrica.
El problema es que los monopolios deben estar regulados, y en España eso se hace mediante la Tasa de Retribución Financiera (TRF), fijada por la CNMC. Esta tasa determina el beneficio que se garantiza a las compañías por sus inversiones en redes. Por tanto, es clave para atraer o alejar capital hacia estas infraestructuras.
El problema es que España ofrece una de las TRF más bajas de Europa. Actualmente, la rentabilidad regulada está en torno al 5,6 % nominal antes de impuestos, y para el próximo período (2026-2031) la CNMC planea fijarla en torno al 6,5 %. Una cifra muy baja si se compara con otros países europeos.
Las compañías afirman que con esta rentabilidad no cubren ni la inflación esperada, y mucho menos generan beneficios competitivos frente a otras inversiones posibles. Esta situación pone en riesgo que las empresas destinen recursos a mejorar o ampliar la red.
Con una TRF demasiado baja, el resultado es predecible: no compensa financiar nuevas redes. El capital se irá a otros sectores más rentables. Así que, si la red necesita crecer, este no es el camino.
España está muy por detrás de países como:
- Italia: retornos superiores al 7,4 %
- Irlanda del Norte: 7,6 %
- Suecia: 7,3 %
- Dinamarca: 7,2 %
- Finlandia y Reino Unido: 7–8 %
- Ferrocarriles o aeropuertos en España: rentabilidades garantizadas de más del 7 %
Y lo más paradójico es que este debate ocurre justo cuando España se prepara para un gran aumento en la demanda eléctrica. El propio gobierno, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), prevé una electrificación acelerada de aquí a 2030.
Gracias al coche eléctrico, la aerotermia y los centros de datos, la demanda crecerá radicalmente. Si hoy la red ya está saturada, imaginemos cómo estará en pocos años.
La urgencia de invertir y anticiparse es máxima.
Y ahora quizás te preguntes: ¿hay planes para cambiar esta situación?
Lamentablemente, la cosa no pinta bien. Por ejemplo, la planificación de la red de alta tensión lleva más de un año de retraso. El Plan Nacional de Ampliación aún no ha sido aprobado. Mientras tanto, centros de consumo industrial solicitan potencias que la red no puede entregar.
Esta situación ha llevado a 17 entidades —grandes compañías energéticas, sectores industriales como automoción, química o alimentación, y sociedad civil— a crear la alianza España Verdiconectada.
Medidas propuestas
- Ajustar la planificación de la red a las necesidades de cada sector, priorizando a la industria existente.
- Eliminar los techos de inversión impuestos por el regulador.
- Permitir inversiones anticipadas para adelantarse a futuras necesidades.
- Elevar la TRF al nivel de países de nuestro entorno (7,5 %).
- Aprobar cuanto antes una planificación de la red alineada con el PNIEC.
- Modernizar la red existente con herramientas digitales, subestaciones con mayor capacidad y digitalización.
- Revisar la fiscalidad de la electricidad, que penaliza su consumo frente a energías fósiles.
En definitiva, si no se refuerza la red, no solo se frenará la transición energética. También se perpetuará la dependencia del gas natural importado —estadounidense, argelino o incluso ruso—.
Porque nuestras renovables y nuestra energía nuclear no podrán llegar adonde se necesita.
Y tú, ¿qué opinas sobre todo esto? ¿Crees que España logrará conectar a la industria que quiere invertir?
