La tensión social en España se ha disparado por culpa de la cuestión migratoria. España sufre diversos problemas derivados de la llegada de inmigración, tanto regular como irregular, pero también se beneficia en muchos aspectos de ella. Por todo ello, creo que es importante hacer un vídeo que pretendo sea objetivo, que muestre las dos caras de la moneda de una situación que ni se puede ignorar ni se puede magnificar. Así que en el vídeo de hoy vamos a responder a varias preguntas.
¿Realmente hay un problema con la inmigración en España? ¿La inmigración es mala o buena para el país? ¿Quién sale ganando con todo esto? Comencemos por el principio. España, por sus características, tiene todos los ingredientes para ser uno de los destinos favoritos para todo tipo de inmigración, tanto regular como irregular.
¿Por qué? Veamos. España es el único país de la Unión Europea que aún tiene territorios en el África continental. Hablamos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las cuales tienen frontera terrestre con Marruecos. Además, España también cuenta con las Islas Canarias, que son utilizadas especialmente por migrantes desde Senegal, Mauritania y Marruecos.
A todo esto, hay que sumar que España es la puerta de África a Europa, ya que su costa sur está a tan solo 14 km de la costa africana, separada únicamente por el estrecho de Gibraltar. Pero no solo es importante la cercanía geográfica, sino que también lo es el hecho de que las rutas migratorias que van de África a España están consolidadas desde hace décadas. Por si fuera poco, España es vía de entrada desde América Latina, aprovechando los lazos históricos y lingüísticos entre ambas regiones.
Para un venezolano o un colombiano, llegar a España tiene barreras menores que ir a Alemania o Francia, ya que hablan el mismo idioma y tienen una cultura bastante similar, lo que les puede ayudar a integrarse. Aunque España no es el país con los sueldos más altos de Europa, presenta características que la hacen atractiva desde el punto de vista laboral para muchas personas que llegan desde fuera. Existen sectores que demandan mano de obra de forma constante como la agricultura, la hostelería, la construcción o el cuidado de personas mayores.
Estos ámbitos generan empleo de manera sostenida, aunque en ocasiones bajo condiciones precarias o contratos temporales. A esto se suma el peso de la economía sumergida, una realidad bastante extendida en España. Se calcula que más de 1 millón de personas trabajan sin contrato, lo que permite que incluso quienes llegan de forma irregular puedan encontrar una fuente de ingresos y mantenerse, aunque eso suponga estar al margen de las garantías laborales legales.
Además, España se percibe como un país donde, pese a entrar sin papeles, existe una vía para normalizar la situación con el tiempo. No siempre es un proceso rápido ni sencillo, pero el mecanismo de arraigo es conocido entre quienes llegan. Tras residir varios años de forma continuada, demostrándolo con contratos de trabajo, vínculos familiares o integración social, es posible regularizar la situación administrativa y obtener los permisos necesarios para vivir y trabajar legalmente.
Por último, otra de las razones por las que tanta gente elige España para empezar de cero tiene que ver con algo muy sencillo: la facilidad para integrarse. España sigue siendo un país bastante abierto, aunque siempre hay debates y polémicas. Lo cierto es que aquí no se ven grandes guetos cerrados como en otros lugares de Europa. Es más normal que las personas de fuera se mezclen con los de aquí, que haya barrios con bares marroquíes al lado de panaderías españolas o familias rumanas compartiendo colegio con los niños locales sin que eso sorprenda a nadie.
Y hay otro detalle clave. En ciudades grandes como Madrid, Barcelona o Valencia ya existen comunidades muy organizadas de marroquíes, colombianos, rumanos, chinos y muchas otras nacionalidades. Eso hace que quien llega no empiece del todo solo. Hay tiendas, asociaciones, bares, gente de su país que ya conoce el terreno y puede echar un cable y muchas más cosas. Todo esto hace que para alguien que busca una nueva vida, España resulte un lugar algo más amable y llevadero que otros destinos de Europa.
Pero basta ya de hablar de las causas. Vamos con los datos crudos. En 2025, España cuenta con aproximadamente 9,4 millones de personas nacidas fuera del país, lo que equivale a algo más del 19% de la población total. De esas, cerca de 6,85 millones no tienen nacionalidad española, lo que representa un 14% de los habitantes. Esto incluye tanto inmigración regular como irregular.
Si hablamos de inmigración irregular, España registró en 2024 cerca de 64.000 llegadas sin papeles, con un aumento de más del 12% respecto al año anterior. Lo más llamativo es que de esas, alrededor de 46.800 personas entraron por la ruta atlántica hacia las Islas Canarias, convirtiéndose de nuevo en el principal punto de acceso irregular, por delante de Ceuta y Melilla o de las costas de Andalucía. La ruta canaria, además, sigue siendo de las más peligrosas.
Según la ONG Caminando Fronteras, al cierre del año 2024 ya se habían registrado 10.457 muertes o desapariciones en rutas marítimas hacia territorio español, lo que supone un incremento del 58% con respecto a 2023. De esa cifra, 9.757 personas perecieron en la ruta atlántica hacia las Islas Canarias. Dividiendo las muertes entre los días del año, tenemos que de media mueren unas 28 personas al día intentando llegar a España.
Por ponerlo en contexto, hablamos de cinco veces la gente que murió en los atentados del 11S, de 50 veces más que las personas que murieron en el 11M, o 10 veces la gente que ETA asesinó en toda su historia. Y esto al año. Entre los fallecidos de 2024 había 1.538 niños o adolescentes y 421 mujeres. Una auténtica tragedia de la que rara vez se hacen eco los medios.
En cuanto a inmigración regular, el flujo tampoco es pequeño. En 2023, España otorgó alrededor de 324.000 permisos de residencia de larga duración, incluyendo trabajo, estudios, reagrupación familiar y razones humanitarias. La cifra está en la media de los últimos años, aunque con repuntes concretos debido a crisis en países como Marruecos, Venezuela o Colombia.
Si comparamos con otros países europeos, España está solo por detrás de Alemania, Francia y el Reino Unido en volumen total de inmigrantes. En términos de nacionalidades específicas, los mayores colectivos con permiso de residencia son los originarios de Marruecos (más de 1 millón), los colombianos (857.000) y los venezolanos (600.000), seguidos de cerca por Rumanía, Ecuador, Argentina, Perú, China y Ucrania, entre otros.
No tenemos cifras de inmigrantes irregulares por país, pero la mayoría son de países del África occidental, en especial Marruecos, Mali, Senegal o incluso Argelia. También hay flujos crecientes desde países asiáticos como Pakistán y Bangladesh. Vista ya la dimensión de la inmigración en España, es hora de ver cómo afecta esta a la buena o mala marcha del país.
Cuando se habla de inmigración en España, a menudo se olvidan algunas cosas básicas que afectan a nuestro día a día más de lo que parece. Para empezar, más de 3 millones de personas que vienen de fuera están trabajando aquí de forma regular. Eso significa que pagan impuestos, cotizan para las pensiones, ayudan a sostener la sanidad y además cubren trabajos que muchas veces casi nadie quiere hacer: en el campo, en la construcción, en la hostelería o cuidando de personas mayores. Si uno se pasa por Almería, lo ve clarísimo.
Los invernaderos de la zona, ese mar de plástico que manda frutas y verduras a media Europa, funcionan gracias a miles de trabajadores inmigrantes, muchos de ellos sin papeles. Están ahí día tras día currando en condiciones que no siempre son las mejores, pero que son clave para que el negocio siga en pie.
Luego está el tema de la edad. España es un país que cada vez tiene más gente mayor y menos jóvenes. Sin migración tendríamos un problema mucho más serio, menos gente trabajando, menos dinero entrando en las pensiones y menos actividad económica. Los que vienen suelen ser jóvenes o de mediana edad, lo que ayuda a mantener la balanza y que el sistema no se venga abajo.
De hecho, los inmigrantes tienen de media más hijos que los españoles nativos, lo que ayuda a aliviar la cada vez más invertida pirámide de población del país. Pero no todo es color de rosa con la llegada de tanta inmigración. Uno de los temas que suele salir en cualquier conversación es la presión sobre los servicios públicos. Si de repente en un barrio hay mucha más población de la que había, es normal que el centro de salud, las escuelas o los servicios sociales se vean desbordados.
No es porque falten recursos, sino porque las administraciones no siempre reaccionan a tiempo para adaptarse a esos cambios. Y la realidad es que en algunos sitios eso genera tensiones y la sensación de abandono entre los vecinos. Por otro lado, son muchas las personas que creen que los inmigrantes reciben demasiadas ayudas públicas. Según una encuesta de 40 ADB de octubre de 2024, el 60% cree que los inmigrantes reciben demasiadas ayudas públicas.
Pero esto no es así. No existen ayudas exclusivas para inmigrantes. En España, las ayudas sociales y las prestaciones se otorgan en función de la situación socioeconómica y las necesidades de la persona o la familia, no de su nacionalidad. Esto significa que los inmigrantes acceden a los mismos sistemas de apoyo que los ciudadanos españoles, siempre y cuando cumplan los requisitos.
¿Y cuáles son los requisitos para acceder a las ayudas? Para la mayoría de las prestaciones y ayudas públicas, como la prestación por desempleo o el ingreso mínimo vital, es necesario contar con una situación de residencia legal. Y en algunos casos haber cotizado a la seguridad social durante un determinado periodo. Las personas en situación irregular tienen un acceso muy limitado a los servicios más básicos como la atención sanitaria de urgencia o la escolarización de menores.
De hecho, lejos de ser una carga, los inmigrantes en España realizan una aportación neta positiva al Estado. Diversos estudios han demostrado que contribuyen más de lo que perciben en ayudas y servicios. Por ejemplo, un estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena de 2023 señaló que los inmigrantes aportan al Estado un 70% más de lo que perciben y un 30% más que los nacidos en España.
La idea de que los inmigrantes reciben paguitas, piso y trabajo de forma automática es un bulo promovido por discursos desinformadores. Luego está el tema de la explotación laboral, que es un arma de doble filo. Por un lado, como decíamos antes, muchos inmigrantes sostienen sectores clave de la economía, pero por otro, al hacerlo sin papeles o sin derechos garantizados, se generan situaciones injustas, sueldos muy bajos, horarios abusivos y, en definitiva, condiciones de trabajo que no aceptarían los trabajadores locales.
Eso acaba generando competencia desleal y puede afectar a los salarios y derechos del resto. Pero donde realmente surgen las tensiones entre la población local y los inmigrantes es en el tema de la seguridad. Los datos oficiales y los estudios independientes suelen insistir en que de forma general no existe una relación directa y automática entre inmigración y delincuencia. Es decir, el simple hecho de que lleguen personas de fuera no significa que vayan a aumentar los delitos.
Sin embargo, eso no borra la realidad de que en determinados barrios o zonas concretas, sobre todo donde la situación económica ya es complicada, sí se perciben más problemas vinculados a la presencia de personas en situación irregular o sin recursos. En muchos casos se trata de pequeños delitos: hurtos, peleas, menudeo, este tipo de cosas que a nivel estadístico puede pasar desapercibido, pero que para el vecino que lo vive es muy visible.
Si nos centramos en España, las estadísticas del Ministerio del Interior muestran desde hace años que el porcentaje de delitos cometidos por personas extranjeras no es desproporcionado en relación a su peso en la población. En 2022, el 70% de los delitos fueron cometidos por españoles, mientras que el 30% restante correspondió a extranjeros, aunque estos representan alrededor del 14% de la población. Ese dato muestra que la representación delictiva de extranjeros está algo sobredimensionada, pero aún lejos de justificar alarmas generalizadas.
Es lógico que la población inmigrante cometa proporcionalmente más delitos si su renta es mucho más reducida. Pero esto no evita que en barrios concretos la percepción sea muy diferente. En zonas de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, especialmente en distritos donde se concentra población con menos recursos y más inmigración reciente, sí se nota un aumento de conflictos menores.
Robos en tiendas, peleas entre bandas, ocupación de viviendas, venta de droga a pequeña escala, lo que decíamos antes. Y aunque buena parte de estos incidentes tiene que ver más con la exclusión social que con el origen de quien los comete, en la calle el matiz se pierde. Por ejemplo, en lugares como el barrio del Raval en Barcelona, el Príncipe en Ceuta o algunos barrios de Almería y Murcia, donde se concentra población agrícola inmigrante, la convivencia a veces se vuelve tensa.
Se mezclan factores como el hacinamiento, la economía sumergida, la falta de recursos públicos y la llegada constante de personas en situación irregular que no pueden regularizarse fácilmente. En España, la percepción de inseguridad vinculada a la inmigración no se explica solo por lo que ocurre en la calle, sino por cómo se cuenta desde la política y los medios.
Partidos como Vox han convertido el tema en un eje de su discurso, presentando la inmigración irregular como una amenaza directa al orden social y a la seguridad. Para reforzar esa idea se apoyan en casos concretos, robos, peleas o incidentes aislados que aunque no reflejan una tendencia general, se repiten constantemente en informativos, tertulias y redes sociales.
Este enfoque genera un efecto amplificador. La gente escucha una y otra vez las mismas historias y acaba creyendo que son algo habitual, aunque los datos oficiales indiquen lo contrario. El problema no es tanto lo que dicen las cifras, sino el peso que tienen esas noticias en la opinión pública. Un solo caso en un barrio puede marcar el debate a nivel nacional, alimentando la sensación de que esto se nos va de las manos, aunque la realidad sea mucho más matizada.
Y esto se nota en la percepción de los ciudadanos. En marzo de 2025, la inmigración se colocó como el tercer problema nacional en el barómetro del CIS con un 18,8% de menciones. Según el balance de criminalidad del primer trimestre de 2025, la tendencia general no demuestra un empeoramiento de la seguridad ciudadana. Las infracciones penales han caído un 2,75% respecto al mismo periodo de 2024.
Y más en concreto, los robos violentos han descendido un 9,4% y los robos en domicilios un 14,3%. No obstante, sí que hay zonas donde los datos han empeorado, sobre todo en los lugares ya mencionados, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Almería, donde se observa un aumento de la violencia juvenil y altercados nocturnos en los centros urbanos de estas grandes ciudades.
Posibles soluciones
Hecho ya el diagnóstico, la pregunta es, ¿qué se puede hacer para mejorar la situación? ¿Posibles soluciones? Hay muchas, por aquí. Y os dejo unas cuantas y ya vosotros elegís las que más os gusten o podéis proponer otras en los comentarios. Lo primero y más importante es que España no tiene una receta mágica para resolver de un día a otro el tema de la inseguridad vinculada a la inmigración, pero sí hay varias líneas de acción que pueden reducir tanto los problemas reales como la percepción social de inseguridad que a veces pesa igual o más que los datos.
Por un lado está la cuestión de la gestión local, reforzar los servicios públicos y el trabajo policial en barrios donde la concentración de población vulnerable es más alta. No se trata solo de poner más patrullas, sino de mejorar la iluminación, el acceso a recursos sociales, programas de mediación vecinal y de integración. Otro frente clave sería agilizar y hacer más transparente el proceso de regularización y arraigo.
Cuanta menos gente esté en situación irregular, menos espacio hay para las economías sumergidas o las redes delictivas que se aprovechan de esa vulnerabilidad. La irregularidad alimenta tanto la explotación laboral como la delincuencia de supervivencia, así que facilitar vías legales claras reduce ese margen de riesgo. Por ello, también es necesario aplicar medidas que eviten que entre más inmigración irregular al país.
Para ello es importante reforzar las vallas o poner más patrulleras en el mar. Pero el control fronterizo también pasa por acuerdos bilaterales con países de origen y tránsito como Marruecos, Senegal, Mauritania. Eso implica desde financiación para patrullas conjuntas hasta la devolución de personas en situación irregular. España ya tiene esos acuerdos, pero periódicamente se renegocian y se endurecen, especialmente cuando aumentan las llegadas.
No obstante, la inmigración seguirá siendo un problema para los gobiernos mientras no se apliquen soluciones de origen. Esto implicaría intentar que la gente no tenga la necesidad de marcharse de sus países en primer lugar. En el caso de España, esto pasa por reforzar acuerdos de cooperación con países como Marruecos, Mauritania, Senegal o incluso con Argelia.
Esa cooperación puede adoptar varias formas: ayudas al desarrollo, inversiones en infraestructuras, formación laboral, proyectos de creación de empleo local o programas para mejorar el control de fronteras en esos países a cambio de apoyo económico y político. Sin embargo, aquí viene la parte delicada. Muchas veces esos fondos acaban en gobiernos que no siempre garantizan los derechos humanos o que usan esos recursos con poca transparencia.
Y aunque la teoría es que ayudar al desarrollo frena la inmigración, en la práctica no siempre es tan automático. Hay estudios que indican que en etapas iniciales de crecimiento económico la inmigración incluso aumenta, ya que al haber más recursos, más gente tiene dinero para pagar el viaje. Otro frente que se plantea desde el ámbito político es el endurecimiento de penas para delitos cometidos por inmigrantes en situación irregular o incluso la deportación automática tras ciertas condenas.
Aunque jurídicamente esto es complicado por temas de derechos fundamentales y la legislación europea, sí hay sectores que proponen reformas legales para facilitar expulsiones en casos de multirreincidencia o delitos graves. Además, es importante atacar de forma específica las redes criminales organizadas como las que operan en el Estrecho o en los robos de móviles.
Aquí la clave es separar bien los perfiles. No es lo mismo el inmigrante que viene a trabajar o a hacer su vida que el que forma parte de una red estructurada. Invertir en inteligencia policial, colaboración con Marruecos y control de flujos transfronterizos ayuda a cortar de raíz estos focos concretos sin criminalizar a todo un colectivo.
Y por último, España tiene pendiente un trabajo serio a nivel comunicativo, combatir bulos, ofrecer datos claros y equilibrar el relato en medios y redes sociales. La inseguridad no solo se combate con policía, sino también con información veraz que trabaje el nivel de alarma social.
